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Inicialmente considero necesario, para un buen entendimiento de este artículo, definir qué es una vivienda autopromovida.

La autopromoción de una vivienda es la actividad realizada por cualquier persona física dirigida a la construcción de la vivienda destinada exclusivamente a su uso y disfrute como residencia habitual.

Es decir, cualquier persona que se construya una vivienda para usarla como residencia habitual es un autopromotor.

La definición legal de autopromotor de vivienda sería la persona física que de forma individual decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción de una vivienda para ser destinada exclusivamente al uso y disfrute por parte de la misma y de su unidad familiar como residencia habitual (art. 5 de la Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo).

Pero yendo más allá, ¿qué sería una vivienda autopromovida protegida?

Pues ni más ni menos que una vivienda construida por un autopromotor que ha obtenido previamente una calificación de vivienda protegida, y por lo tanto es considerada objeto de ayuda económica o subvención para su construcción (art. 1 Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo).

Esta calificación previa es concedida por la Administración Autonómica, es decir, la Junta de Extremadura, y más concretamente por la Dirección General de Vivienda.

Cada cierto tiempo, cuando la Administración Autonómica lo considera oportuno, abre el plazo de presentación de solicitudes para conceder las ayudas económicas a los autopromotores, bajo la denominación de Programa de Vivienda Protegida Autopromovida, y concretamente el pasado 10 de mayo de 2.021 se publicó en el D. O. E. la Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de las subvenciones del Programa de vivienda protegida autopromovida, general o ampliable, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022.

A modo de resumen puedo exponer que esta convocatoria permanecerá abierta del 11 de mayo de 2021 al 10 de mayo de 2022, ambos incluidos, o hasta que se acabe el crédito presupuestario asignado, y podrán acogerse a sus beneficios todos aquellos autopromotores (ya sabemos quiénes son) que cumplan los siguientes requisitos:

a) Poseer nacionalidad española o tener residencia legal en España, cuando se tratare de personas físicas.

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la Comunidad Autónoma, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

c) Reunir los requisitos previstos en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los cuales se enumeran al final del artículo [1].

d) Disponer de unos ingresos anuales ponderados que no excedan de 4 veces el IPREM en la vivienda protegida autopromovida general y de 3,5 veces el IPREM en la ampliable. Actualmente el IPREM referido a 14 pagas está en torno a 7.908,60 €.

e) Ser titulares del 100 % del pleno dominio de un suelo, o de un derecho real de vuelo o de superficie, que fuere física y jurídicamente apto para edificar la vivienda protegida autopromovida, general o ampliable.

f) No ser titular o cotitular, en un porcentaje igual o superior al 50 %, del pleno dominio de otra vivienda, distinta de la que sea objeto de la actuación protegida.

g) No haber iniciado las obras con anterioridad a la presentación de la solicitud de calificación provisional.

Una vez conocidos los requisitos que debe cumplir un autopromotor para poder ser beneficiario del Programa de Vivienda Protegida Autopromovida, debemos también conocer qué características debe cumplir dicha vivienda para poder optar a la calificación mencionada de vivienda protegida.

Estas características están reguladas en el decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las viviendas de protección pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Pero como este documento es básicamente técnico, a modo de resumen y como característica fundamental que se debe conocer de las viviendas autopromovidas protegidas es que su superficie útil máxima es de 90 m2, en cuya superficie no se incluyen garaje ni trastero, sólo vivienda.

Y lo más preguntado, ¿cuál es la cuantía de la ayuda concedida para la vivienda protegida autopromovida?


Pues 14.000 € con carácter general, más 1.000 € adicionales si se trata de alguna de las líneas específicas de protección preferente, que se corresponden con:

• línea de autopromoción para jóvenes,
• línea de impulso a los cascos urbanos consolidados,
• línea de eficiencia energética,
• línea de familias numerosas,
• línea de personas con capacidades diferentes con grado de discapacidad igual o superior al 33 %,
• línea de víctimas de violencia de género, y
• línea de víctimas del terrorismo.

Esperamos que este artículo te haya sido de utilidad, si necesitas cualquier aclaración o estás interesado en realizar una vivienda unifamiliar autopromovida puedes ponerte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.

Notas

[1]. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en la Ley 6/2011 las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que éste haya adquirido la eficacia de un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o tener cualquier deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones en virtud de norma con rango de ley.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 10 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en la Ley 6/2011 las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que éste haya adquirido la eficacia de un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o tener cualquier deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones en virtud de norma con rango de ley.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 10 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.